I Congreso de UPyD

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Ponencia de Reforma de la Constitución, de la Ley Electoral y de las Instituciones

I. Presentación.

En la presente ponencia se aborda la posición del partido sobre tres puntos muy definitorios y característicos de la propia razón de ser de UPyD: 1. La reforma de la Constitución de 1978; 2. La reforma del sistema electoral; y 3. La reforma de algunas de las Instituciones del Estado más relevantes; todo ello enfocado al mejor desarrollo de la vida democrática de los ciudadanos españoles. Estos tres objetivos ya constaban en nuestro MANIFIESTO fundacional, concretamente la primera propuesta versa precisamente sobre la reforma de la Constitución, incluyéndose en su letra c) las reformas de algunas de las principales Instituciones del Estado, especialmente las que deben garantizar la separación de poderes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado o la propia concepción moderna y eficaz que precisamos de nuestra Administración de Justicia, pilar esencial de cualquier Estado social y democrático de Derecho, tal y como se define España en el artículo 1.1 CE. Por lo demás, la reforma de la Ley Electoral constituye la propuesta número 3.

Estos tres objetivos también aparecen lógicamente reflejados en los propios ESTATUTOS del Partido en su artículo 2, expresamente en el fin específico número   se apunta la renovación de las instituciones democráticas y la mejora del sistema electoral, en el 2 aparece la propuesta de reforma de la Constitución y en el   nuevamente la reforma de la Ley Electoral. Lo mismo podemos decir de nuestro PROGRAMA ELECTORAL de marzo de 2008 donde estos tres puntos configuraban el primer apartado del programa electoral.

El partido en sus dos años de vida ha ido trabajando y mejorando el desarrollo de estos tres objetivos, con el enriquecimiento del debate en sus diferentes órganos (Consejo de Dirección y Consejo Político), la dinámica de la propia actividad parlamentaria (Proposiciones de ley y no de ley, básicamente) y el asesoramiento directo o indirecto de otras personas o instituciones (propuestas de profesionales, de profesores universitarios o Informes del propio Consejo de Estado, especialmente el de febrero de 2006 para la Reforma de la Constitución que el Presidente del Gobierno propuso en su sesión de investidura de abril de 2004, como el de febrero de 2009 sobre Reforma del Sistema Electoral que el Presidente del Gobierno propuso en su sesión de investidura de abril de 2008).

Busca por tanto la presente ponencia tratar de compendiar, armonizar y sintetizar todo el trabajo y material desarrollado en estos dos años en relación con estos tres puntos, para que el mismo sea debatido y mejorado en el primer Congreso de Unión, Progreso y Democracia, agradeciendo lógicamente el trabajo anónimo y generoso realizado por muchos. Lógicamente, tratándose de un Congreso político y no de un trabajo parlamentario, se dibujan las líneas básicas y maestras de las materias a analizar.

II. Estructura.

La presente ponencia se divide en tres grandes bloques estrechamente interrelacionados: 1. Reforma de la Constitución; 2. Reforma del sistema electoral; y 3. Reforma de algunas Instituciones básicas del Estado que, a su vez, abarca, los siguientes puntos: 3.1. Reforma de Administración de Justicia: 3.2. Consejo General del Poder Judicial; 3.3. Reforma del Tribunal Constitucional; 3.4. Reforma de la elección del Fiscal General del Estado; 3.5. Modelo constitucional de Estado descentralizado.

1. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.

1. Introducción.

UPyD mantiene la defensa de la Constitución española de 1978 y de sus valores y principios básicos. En su 30 aniversario hicimos una defensa cerrada de la misma, denunciando los 12 principales ataques al texto constitucional, que se presentó en Bilbao el 6 de diciembre de 2008. Sin embargo, precisamente para desarrollar lo mejor de nuestro Texto constitucional, pensamos que algunos artículos se deben mejorar después de más de tres décadas de experiencia democrática.

2. Argumentación.

En nuestros dos últimos siglos de convulsa historia constitucional, únicamente la Constitución de 1978 ha logrado proporcionarnos tres décadas de paz, progreso y convivencia democrática entre todos los españoles, con la excepción del País Vasco debido principalmente a la presión del terrorismo y de la violencia política y su explotación ventajista por los gobiernos nacionalistas. En nuestro entorno democrático europeo, se vive con normalidad la necesaria actualización del texto constitucional, para que no quede obsoleto y para corregir las disfuncionalidades aparecidas. En España, tan sólo queda realmente un único problema institucional y estructural relevante que no hemos logrado solventar con el paso de las dos últimas centurias: el regionalismo de antaño, hoy denominado nacionalismo.

Pretendemos pues mejorar la actual Constitución, manteniendo lógicamente sus principios y valores esenciales que tan buenos resultados han dado para la democracia española. Algunas materias de reforma constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, el sistema electoral o la organización territorial del Estado, por su propia relevancia específica, se tratarán en esta ponencia más adelante como apartados específicos.

3. Propuesta.

1. Reformar la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, asumiendo el Estado una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general de todos los   españoles y de su derecho a la igualdad, a la cohesión social y a la libertad. Es muy oportuno recordar en este sentido como el Informe del Consejo de Estado de febrero de 2006 sobre reforma de la CE recuerda (pp. 141-144) como: a)el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y del interés general, b) la dudosa operatividad del sistema que la reforma estatutaria aporta, c) el estudio de la necesidad de cerrar el sistema y la inclusión en la CE de unas verdaderas competencias exclusivas del Estado.

2. Modificar el artículo 150.2 CE incluyendo estas materias exclusivas en las que, en principio, debieran estar como mínimo las siguientes: representación internacional, educación y la legislación básica que afecte a sanidad, medio ambiente, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, sin desechar el estudio de otras materias como impuestos. Además, establecer una mayoría más cualificada e igual para la aprobación de las reformas de los Estatutos de dos tercios en cada Cámara.

3. Suprimir la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra, dado que su transitoriedad venció cuando ésta se constituyo como Comunidad Autónoma, tal y como se desprende con claridad de la propia redacción constitucional. Es interesante en este sentido lo que apunta el Informe del Consejo de Estado de febrero de 2006 sobre la reforma de la CE: “Aun sin entrar en consideraciones acerca de la posibilidad de aplicar este procedimiento cuando ya Navarra ha dejado de ser provincia foral para transformarse en Comunidad, parece evidente que, una vez consagrada en la Constitución la existencia de todas las CC.AA […] solo cabe la derogación expresa” (p. 184).

4. Suprimir la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles sobre otros, además de pretender la existencia de derechos históricos anteriores a la Constitución, lo que es insostenible.

5. Estudiar una reforma del Senado, en la que casi todo el mundo está de acuerdo, para que sea una verdadera Cámara de representación territorial y en ella las diversas Comunidades Autónomas puedan defender sus intereses autonómicos, dejando que en el Congreso se debatan los intereses generales a nivel nacional. Un Senado mixto (mezcla de número fijo por Comunidad y provincias que la integren, y por población) de elección directa en un colegio electoral único autonómico los fijos y elegidos por los Parlamentos autonómicos los de población.

6. Estudiar la adaptación de la disposición transitoria 5ª sobre Ceuta y Melilla a la realidad jurídica actual como ciudades autónomas.

7. Modificar el art. 2 CE donde dice “nacionalidades y regiones”, debe decir “Comunidades Autónomas y ciudades autonómicas”. Se suprimirá el art. 3.3 CE que dice lo siguiente: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Incluir en el art. 14 CE después de la palabra “raza”, la palabra “lengua”.

8. Estudiar la racionalización de la actual dispersión legislativa y ejecutiva que se vive entre las tres Administraciones Públicas: Estatal, autonómica y municipal;   generando ineficacia, desaprovechamiento de los siempre escasos recursos materiales, duplicidad de funciones, descoordinación y, en muchas casos, manifiestas desigualdades entre los españoles. No puede haber 17 legislaciones para casi todo, que, por lo demás, vienen a copiar en la mayoría de los casos la legislación nacional.

9. Se suprime la segunda oración del art. 16 (libertad religiosa) apartado 3 CE, de forma y manera que el mismo quedaría redactado de la siguiente forma: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. UPyD desarrollará políticas dirigidas a la laicización práctica del Estado.

2. REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL.

1. Introducción.

Es la reforma del sistema electoral una materia básica y esencial dentro del programa político de UPyD, básicamente por dos cuestiones: 1. Por lo injusto de su planteamiento y desarrollo, contrario al propio espíritu de la CE en cuanto a su proporcionalidad y el no aprovechar las pautas permitidas en la propia CE para mejorar la misma; 2. Por el ataque directo que supone al régimen democrático respecto de la igualdad de oportunidades tanto de los candidatos como de la igualdad de la fuerza del voto de los ciudadanos. Tomamos por base y mejoramos en el texto actual la proposición de ley que sobre la reforma del sistema electoral presentamos en el Congreso de los Diputados en abril de 2008.

2. Evolución y argumentación.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en la todavía franquista Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977. Los mismos fueron desarrollados en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, y en 197  pasaron a formar parte de la Constitución española.

No cabe duda que el sistema electoral español diseñado en plena transición política cumplió con las necesidades del momento para que no fueran excesivas las fuerzas políticas que protagonizaran ésta. Pero ya han pasado más de tres décadas desde la primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977 y el sistema electoral ha mostrado después de estos treinta años algunas disfuncionalidades que es preciso corregir para una vida democrática más representativa, justa e igualitaria.

El resultado práctico de la LOREG está produciendo claros ejemplos de desigualdades e injusticias entre el valor del voto de distintas circunscripciones de España, estando unas sobrerrepresentadas y otras subrepresentadas, no teniendo por tanto el mismo valor para lograr un escaño el voto emitido en una circunscripción, que el emitido en otra. Hay que tener presente que el constituyente de 1978 dio una importancia capital a la LOREG, tanto es así que es la única Ley Orgánica que aparece   individualizada en el artículo 81.1 CE, y esto por ser la Ley que distribuye el poder político en España, esto es, transformar los votos en escaños.

Uno de los principios básicos de nuestro sistema político es la soberanía popular que regula el artículo 1.2 de nuestro Texto constitucional: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”. El sistema electoral ha de ser respetuoso con este principio esencial en democracia, y no puede distorsionar la voluntad libremente manifestada por el pueblo en las urnas. En esta materia, la democracia española no puede ni debe permitir que se produzcan resultados desigualitarios e injustos. Por ello, esta demanda de modificación y mejora democrática de nuestra ley electoral se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales. No deja de resultar curioso, por lo demás, que el Informe que el Presidente del Gobierno solicitó al Consejo de Estado sobre la reforma del sistema electoral, publicado en febrero de 2009, nos dé la razón prácticamente al 100% de todas nuestras propuestas, respetando el límite de la no reforma de la CE. Ver pp. 175, 177, 188 y 191.

3. Propuesta.

1. Aumentar el número de diputados de 350 a 400.

2. El número mínimo inicial de diputados por provincia pasa de 2 a 1.

3. La fórmula electoral D´Hondt se sustituye por alguna más proporcional, más acorde con lo contemplado en el art. 68.3 CE.

4. Se buscará una formula mixta de circunscripción entre la comunidad autónoma y la circunscripción única, desapareciendo la provincia como circunscripción electoral.

3. REFORMA DE ALGUNAS INSTITUCIONES BÁSICAS DEL ESTADO.

Dentro de este tercer bloque y en concordancia con el objetivo de regeneración democrática que caracteriza y define muy específicamente a nuestro partido, la independencia y buen funcionamiento de la Administración de Justicia supone un elemento básico y esencial de nuestro programa político, esto afecta tanto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, como a la propia consolidación del Estado social y democrático de Derecho.

En este sentido primeramente vamos a exponer un documento global y panorámico sobre las iniciativas que UPyD propone para el mejor funcionamiento de nuestra Administración de Justicia, regulada en el Título VI CE para luego abordar la reforma en concreto de determinadas Instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Fiscal General del Estado, también incluidas en el Título VI CE. Concluiremos viendo las reformas que afectan al Tribunal Constitucional (Título IX CE) y a la organización territorial del Estado (Título VIII CE).

3.1. Iniciativas para una mejor Administración de Justicia.

1. Introducción. Fundamentación y relevancia política de la cuestión.

La justicia, junto con la educación y la sanidad, no es una cuestión más, sino uno de los pilares esenciales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, tal y como apunta el artículo 1.1 de nuestra Constitución española.

Nos jugamos mucho con que la justicia funcione o no funcione, pues además de ser una de las columnas vitales de cualquier Estado de Derecho, es un derecho fundamental del ciudadano (artículo 24 CE). Estamos pues ante una materia de interés de Estado y así lo entiende UPyD. Los representantes democráticamente elegidos tenemos la obligación de emplear nuestro tiempo y energías en dar eficaz respuesta a la situación de la justicia. Y no a dedicar casi todos los esfuerzos en la batalla por el control del órgano de gobierno del poder judicial (Consejo General del Poder Judicial), mientras el ciudadano de a pie padece una justicia lenta, sin medios y con falta de especialización.

2. Propuestas mínimas para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia

a) Recursos materiales adecuados y modernos, especialmente la imprescindible informatización de las Oficinas Judiciales.

Resulta imprescindible un adecuado y moderno mecanismo de gestión documental informatizado, que tome como modelo a la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda. Con él, casos terribles por todos conocidos muy probablemente se habrían podido evitar. Por lo demás, hay que evitar el absurdo, fruto de la falta de coordinación y de unidad de decisión y gestión de que los 17 sistemas de gestión documental automatizado de las respectivas CC.AA. sean incompatibles entre ellos. No parece de recibo que los sistemas informáticos de Fiscalía y Judicatura sean incompatibles entre sí.

Se requiere por tanto la creación de una base de datos común para todo el territorio nacional, a la que tengan acceso Juzgados, Fiscalías, Policía e Instituciones Penitenciarias, y en al que figuren, permanentemente actualizados, la situación personal de cada uno de los encausados. Debe revisarse también la situación de las sedes materiales de los juzgados, con enormes diferencias entre unos y otros (megasedes con más atención a la estética que a la funcionalidad frente a sedes tercermundistas).

b) Medidas personales.

Se dice habitualmente que faltan jueces, ya que los actuales tienen una ratio de sentencias por unidad judicial que sobrepasa con mucho la media europea. Sin embargo, antes de aumentar el número de jueces o jueces sustitutos, o funcionarios de apoyo de forma desordenada o dispersa, habría que establecer un sistema objetivo y sólido de indicadores para medir las cargas judiciales (por ejemplo, depurando los pleitos de “modelo”) y similares. Hasta ahora, el aumento de plazas judiciales de manera más o menos voluntarista o en base a peticiones no suficientemente fundadas en datos e indicadores objetivos, no ha mejorado la situación.   Pero asimismo, en nuestra compleja sociedad moderna, un requisito ineludible para poder afrontar con garantías la necesidad de una correcta administración de la justicia es la especialización de los jueces. Combinado esto necesariamente con otra cuestión: una actualización de la organización de la administración de justicia por razón de la materia. Hay que especializar a los jueces, pero también a los juzgados.

Por lo demás, en relación con la formación del juez, no se puede olvidar la imprescindible actualización de su formación, que necesariamente tiene que ser continua y obligatoria, para que ésta no se quede obsoleta después de superar la oposición. Conviene regular con claridad el personal interino (que representa en la actualidad más del 40%) y su posterior acceso a la función pública. Igualmente deberá regularse la figura del juez sustituto y las fórmulas de acceso.

c) Medidas procesales.

Hay que pensar en modificar las Leyes de procedimiento para adecuarlas a una organización judicial más racional y propia de las necesidades actuales de la justicia (parece que el proyecto de ley del Gobierno sobre la NOJ de diciembre de 2008 va en esa dirección, esperemos que se concrete adecuadamente). Un punto a reflexionar es la excesiva judicialización de muchas cuestiones para, aprovechándose del retraso de la justicia, en última instancia, dejarlas casi morir y no pagar. El uso indebido al acceso a los Tribunales tiene que costar dinero al que lo hace, pues la justicia cuesta mucho dinero a los contribuyentes.

Por último, debe asegurarse en la dirección del procedimiento y en los señalamientos un adecuado equilibrio entre independencia judicial en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y la mayor eficacia posible en el servicio público (por otra parte ya se prevé que esta función la realizan los secretarios judiciales en el art. 34 de la Ley 8/2006, de   de diciembre de responsabilidad del menor, y viene funcionando con normalidad).

d) Medidas organizativas y de coordinación.

Se debe reflexionar muy seriamente, ý más en estos momentos de crisis, sobre la ineficacia y el enorme gasto que la descentralización de la administración de justicia ha producido. Evitar una descentralización irracional e ineficaz. Tiene que existir una vía única de entrada de asuntos y una adecuada gestión de los archivos. En muchas cuestiones la unidad es simplemente una necesidad de puro sentido común. La descentralización orgánica, funcional y competencial está generando una situación de descoordinación realmente preocupante entre Ministerio de Justicia, CGPJ y Consejerías de Justicia de las CC.AA. La justicia está transferida a más de la mitad de las CC.AA. Estamos sin duda ante una de las cuestiones claves en lo que se refiere al poder judicial en España, donde hace falta una reflexión valiente, rigurosa y, sobre todo, pensando principalmente en el mejor servicio público a los ciudadanos, más que en el mayor poder competencial de cada una de las 17 CC.AA que en este caso no redunda en absoluto, sino todo lo contrario, en un mejor servicio al ciudadano.

e) Medidas sociales.   No hay que desdeñar las medidas de educación y sensibilización. No se trata de un tema menor, hay muchas cuestiones que llegan a los Tribunales, muchas más de las que pensamos (juicios de faltas en un porcentaje alto, temas de familia, comunidades de vecinos, etc.) que una mejor educación podrían haber evitado, en las medidas procesales ya hemos apuntado algo similar. Hay que tener en cuenta que ha aumentado la población y aún más litigiosidad. Este tema es importantísimo, por cada 1.000 hab. la litigiosidad es la siguiente: USA 300 asuntos judiciales, España 185, Francia 120, Italia 100, Alemania 75, Reino Unido 50. Tenemos un porcentaje casi cuatro veces mayor que Reino Unido, más del doble que Alemania, por aquí empiezan los problemas. Y la tendencia aumenta el 3% anual, 8.343.687 casos en 2007 (75% penal), 300.000 más que en 2006. En este ámbito la asignatura Educación para la ciudadanía tendría una función muy útil y provechosa que desarrollar.

Deben estudiarse mecanismos de mediación y arbitraje que filtren las cuestiones litigiosas antes de llegar a los Tribunales. Los antiguos hombres de paz, pueden ser hoy los actuales comités de valoración o la denominada mediación técnica. La justicia preventiva es clave, aquí sí tiene sentido una educación ciudadana que ponga de relieve que no puede ni debe acudirse al juzgado para cualquier cosa. Hay que reforzar y estudiar la cuestión de la jurisdicción voluntaria igualmente. Por último, y no es un tema menor que afectaría a muchas leyes procesales e instalaciones de la Administración de Justicia para atender a la necesaria readaptación de ésta para facilitar el acceso a la misma de los discapacitados en la línea marcada por la Convención de la ONU.

f) Medidas político-institucionales.

Plantear la reforma del Fiscal General del Estado en los términos descritos en el programa político de UPyD. Presentar en su momento oportuno la proposición no de ley sobre reforma de elección de los vocales del CGPJ.

3. Procedimiento a seguir.

1. Es necesario un gran pacto por la reforma de la justicia pero desde el punto de vista del servicio publico al ciudadano. El 16 de abril de 2002 el Congreso aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley denominada Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia. ¿En qué ha quedado?

2. Dada la complejidad de la administración de justicia, cualquier reforma en profundidad que pretenda ser eficaz, debe contar con la participación y el consenso de los todos los sectores y agentes afectados, y en especial las asociaciones de abogados, jueces, fiscales y secretarios judiciales (principales organismos afectados). Dada la situación crítica en que nos encontramos, debe abrirse un periodo de reflexión no muy largo pero sí profundo sobre las cuestiones planteadas en este papel y aquellas otras que puedan surgir, y que den lugar a una serie de aspectos y puntos básicos a reformar.

Principios de actuación para dotar de eficacia real a cualquier reforma seria:

a) Asumir el coste político que pueda existir.

b) Asumir el esfuerzo económico presupuestario, si bien aquí parece más interesante buscar la máxima eficiencia y racionalidad de los recursos ya disponibles, incluidos los fondos europeos que pueden coadyuvar a la informatización de las Oficinas Judiciales

c) Aprovechar los órganos de coordinación existentes d) Dar cauces de audiencia a los principales colectivos interesados, empezando por los usuarios del servicio.

e) Implantación por fases, con estudios continuados de verificación de resultados, corrección de errores y disfuncionalidades.

3.2. Reforma del Consejo General del Poder Judicial.

1. Introducción.

Esta materia la ha trabajado bastante UPyD en estos dos años, partiendo de una postura de cambio necesario dada su constatable y perjudicial politización, hemos evolucionado desde un retorno al sistema de la derogada Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, a lo que consideramos una propuesta más evolucionada, completa y eficaz que busca, dentro de lo posible, atenuar al máximo, tanto la politización de la elección de los 20 vocales del CGPJ que se inicio con la nueva y actual LOPJ de 1985, como de su tradicional corporativismo. Estimamos que la propuesta que se expone a continuación, y que ya está presentada en sede parlamentaria, es ciertamente novedosa y rigurosa con la alta función que debe desempeñar y no desempeña el órgano de Gobierno de los jueces.

2. Evolución y argumentación.

El artículo 122 de la Constitución española ordena que el Consejo General del Poder Judicial esté integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros designados por un periodo de cinco años. Doce serán elegidos entre Jueces y Magistrados en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, por acuerdo en ambos casos de una mayoría de tres quintos.

Fue la Ley Orgánica de 1985 la que en sus artículos 112 y 113 instauró el actual sistema de elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento. La razón es muy simple. La originaria Ley de 1980, al instaurar un sistema de elección de los 12 reservados a Jueces y Magistrados por los propios jueces, propició que el primer Consejo de nuestra etapa democrática fuese copado por la Asociación Profesional de la Magistratura, sobre la que el PSOE tenía y tiene escasa influencia, mientras que en 1985 este partido disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta en el Parlamento, que todavía iba a durar muchos años. No cabe negar que la renovación de la judicatura para adaptarlo a los tiempos democráticos, era una tarea urgente y realmente necesaria.

UPyD defiende una serie de modificaciones legislativas que eviten la actual disfunción, expresamente condenada por el Tribunal Constitucional, acercándonos asimismo a las recomendaciones contenidas en la Carta europea sobre el estatuto de los 1  jueces, aprobada por el Consejo de Europa en julio de 1998. Baste recordar que no hay ningún país de nuestra órbita en la que el nombramiento del órgano de gobierno de los Jueces corresponda en exclusividad al Parlamento.

3. Propuesta de elección de los vocales del CGPJ.

1. Se eligen los doce Jueces y Magistrados de forma directa en listas abiertas, voto secreto y personal: 4 por los propios Jueces y Magistrados, 3 por los Secretarios Judiciales, 3 por Fiscales y 2 por Abogados. La campaña electoral debe desarrollarse en términos de igualdad de oportunidades, pudiéndose dotar de un espacio informáticoelectoral de los candidatos en una página web dependiente del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los ocho restantes se eligen cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, respetando los condicionantes actuales, pero se aumenta a 20 los años de experiencia profesional y uno de cada grupo tendrá que ser un Decano de los Colegios de Abogados y ninguno podrá ser ex miembro del Parlamento.

3.3. Reforma del Tribunal Constitucional.

1. Introducción y argumentación.

El Tribunal Constitucional o poder corrector ejerce una función básica en el mantenimiento y desarrollo de nuestro sistema político democrático, es en importante medida un órgano que actúa como cláusula de cierre de todo el régimen constitucional diseñado en nuestro Texto de 1978. La labor que ha desempeñado en su cerca de treinta años de vida ha sido importante para el desarrollo de la democracia en España, pero en los últimos años se ha visto sometido a una inaceptable presión y politización de sus magistrados que está resultando enormemente negativa para nuestra vida institucional y democrática, especialmente con el cruce de recusaciones de magistrados por parte del PSOE y del PP, con la cuestión de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de fondo.

UPyD defiende la esencial labor que la justicia constitucional desarrolla en un país democrático como el nuestro, y para lograr la mayor independencia y necesario prestigio de este poder corrector del legislativo, ejecutivo y judicial, propugna su reforma encaminada básicamente a mejorar su independencia y despolitización de los dos grandes partidos nacionales.

2. Propuesta.

Que el Tribunal Constitucional pase de 12 a 15 magistrados, con ello se evitan los empates del número par, a pesar del voto de calidad del Presidente, y se contribuye a aumentar en un número adecuado y no desmesurado, que descarguen el excesivo trabajo que tienen sus magistrados. Modificación por tanto del artículo 159.1 CE. Para aumentar su mayor despolitización los 3 nuevos magistrados los elegiría el Consejo General del Poder Judicial.

3.4. Reforma de la elección del Fiscal General del Estado.

1. Introducción.

La labor desarrollada por el Fiscal General del Estado en las dos últimas legislaturas, especialmente en materia de lucha contra el terrorismo y respeto por el Estado de Derecho, que nos ha llevado a pedir su cese en sede parlamentaria, aconsejan articular un método de elección más imparcial y objetivo y menos politizado, atendiendo a su especial función que tiene que desempeñar en la salvaguarda del Estado de Derecho a lo largo de las cinco funciones que el artículo 124.1 CE señala para el Ministerio Fiscal.

2. Propuesta.

Que el Fiscal General del Estado se elija por los mismos criterios (mayoría de 3/5 del Parlamento) que el Defensor del Pueblo. Modificación del artículo 124.4 CE. Pudiera ser de una terna que presentara el CGPJ entre fiscales de carrera con más de 1  años de experiencia profesional

3.5. Modelo constitucional de estado descentralizado

1. Introducción.

Posiblemente dejemos para el final la cuestión más relevante que afecta al propio desarrollo de nuestro actual Estado constitucional y democrático: la organización territorial del mismo. Nuestro modelo constitucional vigente sufre la debilidad sistémica de lo que, paradójicamente, fue en origen su fortaleza histórica. El Título VIII de la CE de 1978 ofreció una respuesta histórica que parecía factible al problema endémico del constitucionalismo español: la forma territorial de Estado. Sin embargo, esta solución acabó introduciendo una gran debilidad en el modelo constitucional porque su propia apertura temporal, que dejaba abierta la posibilidad de constantes revisiones profundas del sistema, junto a su indefinición técnica, propiciaron el desconcertante discurrir de nuestra forma territorial de Estado.

La indefinición del modelo y de sus límites, con el confuso sistema de reparto competencial de doble entrada (Estados y Comunidades Autónomas), el insólito uso de la indeterminada noción jurídica de lo “básico”, la inutilidad de gran parte del artículo 150 CE y ss., y en particular la inutilidad de las leyes de armonización tras la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) sobre la LOAPA, unido a la conversión del Tribunal Constitucional (TC) en un órgano de construcción del modelo y no de resolución de sus conflictos, a lo que debemos añadir la indefinición del sistema de financiación y de la corresponsabilidad económica y fiscal de los territorios, más el impreciso diseño de las instituciones garantes de la coordinación, cooperación y solidaridad entre las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Estado (así como con los ayuntamientos y diputaciones), son algunas de las debilidades que han impedido el desarrollo adecuado y eficiente de la forma territorial de Estado, mientras estimulaban su constante revisión y retorsión en el sentido de los intereses más localistas y coincidentes con la concepción nacionalista de la cuestión.

Un experto constitucionalista ha afirmado con razón lo siguiente: “La verdad es que, sin embargo, al margen de la convicción o del oportunismo con que unos y otros defienden sus respectivos presupuestos, el español es, desde luego, y desde hace años, un Estado federal, tan peculiar y diferente de los otros existentes en el mundo como todos los demás son diversos entre sí. Es un Estado federal en la medida en que reúne los elementos básicos que desde el siglo XVIII definen a los estados federales, aceptado, claro está que no existe un tipo ideal a este respecto, y que el federalismo ha venido a ser en el presente una forma de resolver la articulación de la unidad estatal en Estados con fuerte reivindicación de la diversidad territorial, más que el mecanismo que fue en el pasado para construir la unidad estatal a partir de una pluralidad de unidades soberanas”.

Cuando, como es el caso, la forma territorial de Estado es políticamente descentralizada, se está definiendo un modelo federal, en el que la clave radica en la distribución de competencias, más que en juegos de palabras vacíos de contenido. Aceptado que el modelo subyacente a la CE del 1978 es de tipo federalizante, un diseño duradero del modelo territorial, que supere la actual provisionalidad resultante de su indefinición, exige establecer con claridad el modelo de Estado federal que se quiere desarrollar.

El federalismo puede ser de baja, media o alta intensidad, según la posición constitucional del Estado central. Esta iría desde la de ente fuerte, que asume las competencias no reservadas expresamente a los entes autónomos y posee un poder de recuperación e intervención de y en las competencias, con potestad de armonización y coordinación de obligado cumplimiento, hasta un Estado central cuyas competencias son sólo aquéllas listadas expresamente, sin control ni supervisión de los entes autónomos y sujeto a los instrumentos de coordinación y cooperación que lideran los territorios. También hay que distinguir entre modelos federales dotados de un modelo federal de ejecución (donde los entes autónomos lo son sólo para ejecutar legislación estatal), cooperativo (preponderancia de las competencias compartidas y concurrentes), o competitivo (plena disposición por los territorios autónomos de poder fiscal y económico, sin instrumentos de cooperación y solidaridad jurídicamente obligatorios, y donde predomina la bilateralidad).

El problema político-jurídico principal del modelo hoy vigente es que está abierto a cualquiera de estas posibilidades, que es tanto como decir que no materializa ninguna. Por último, somos conscientes que en esta materia, la voluntad política real y la lealtad constitucional, al margen de los procedimientos normativos que se establezcan para mejorar nuestra organización territorial, son decisivos para tratar de solventar uno de los problemas más antiguos de nuestro Estado constitucional.

2. Argumentación.

El Título VIII CE es un conjunto asistemático de normas que en buena medida han perdido vigencia. En este título sobran con toda evidencia muchos preceptos que sólo han servido, y no es poco, para ordenar el proceso de acceso a la Autonomía. En la reforma que propugnamos, deberían eliminarse los preceptos relativos al proceso autonómico ya recorrido.

En el artículo 2 CE debiera desaparecer la referencia al acceso a la autonomía de los territorios, y debe eliminarse el resto de principio dispositivo que late en la CE. El artículo 2 debiera establecer que España es una unidad en cuanto al ordenamiento jurídico, con un único soberano (el pueblo español o conjunto de los ciudadanos españoles), aunque políticamente descentralizado. Dicho esto, sería conveniente enumerar las CCAA existentes y dejar claro que están dotadas de autonomía política para gestionar los intereses generales propios de su territorio y de la población que en ella reside mediante el ejercicio de un poder legislativo originario (fundado en la Constitución) cuya expresión normativa, la ley, es imputable a la voluntad soberana del Pueblo español.

Habría que distinguir claramente la autonomía local de la propiamente política y definir la primera, además de fijar las competencias constitucionalmente propias de los entes locales, desde ayuntamientos a otras corporaciones intermedias, especialmente las provincias (y los “territorios forales” del País Vasco). En este punto es importante recalcar que la Constitución ampara actualmente el carácter de entidad local de las Provincias, pero su vigencia política como nivel intermedio de gobierno entre los ayuntamientos y las CCAA se encuentra absolutamente desfasada. La reivindicación de su valor histórico o sentimental no debería representar un obstáculo para proponer su imbricación en la vida política e institucional de las Comunidades Autónomas de forma plena, mediante el traslado de su estatuto jurídico al marco legislativo autonómico. La racionalización de la administración, evitando duplicidades y disfuncionalidades evidentes, y la consecución de un sistema electoral más representativo aconsejan claramente la conversión de las CCAA -cinco de los cuales son, además, uniprovinciales- en la entidad territorial y circunscripción electoral básica. Simultáneamente, debería revisarse la distribución de competencias entre las CCAA y los ayuntamientos, y la conveniencia de agrupar éstos últimos con vistas a integrar los demasiado pequeños en entidades más eficientes y sostenibles, y los grandes y medianos anexos en entidades metropolitanas que conviertan la realidad geográfica en realidad política y administrativa.

En lo que ahora importa, el Título VIII CE debería fijar mediante una lista las competencias de cada entidad territorial; definir los instrumentos de cooperación, coordinación y solidaridad, y la obligatoriedad jurídica de los acuerdos que adopten estos instrumentos para los entes afectados; fijar las reglas esenciales de relación entre los diversos ordenamientos territoriales; fijar las reglas de financiación; y, finalmente, definir los criterios de intervención estatal de las competencias autonómicas en caso necesario.

3. Propuesta.

3.1.Un modelo de Estado federal de intensidad media cooperativo

Esta es, probablemente, la opción más factible y adecuada a la realidad española, habida cuenta de nuestra historia constitucional, del estado actual de la cuestión, y de la estructura sociológica y territorial de la sociedad española. La clave de este sistema descansa en la distribución de competencias por el sistema de lista única, en la regulación de las instituciones cooperativas, y en una corresponsabilidad fiscal fuerte.

a. Sistema de lista único y cláusula residual

El Estado debe tener competencia plena y exclusiva e indelegable para todas aquellas materias ligadas íntimamente con los principios estructurales del sistema constitucional, que definen al Estado como globalidad en el conjunto de las partes que lo componen (y no solo al “Estado central”), principios que garantizan la igualdad básica de todos los ciudadanos: derechos fundamentales, defensa, órganos constitucionales, unidad de mercado, relaciones exteriores, legislación penal, civil y laboral, poder judicial y leyes procesales, sanidad, educación.

Esta lista de competencias plenas y exclusivas puede completarse con aquellas materias que, por su naturaleza, pueden ser compartidas o concurrentes entre Estado y CCAA, poseyendo el primero en cualquier caso una posición preponderante (su ejercicio de la competencia vincula a las CCAA): ciencia, investigación, cultura, deporte, legislación administrativa, suelo, recursos naturales, costas, ríos, medio ambiente. Y dentro de éstas pueden identificarse las que solo pueden ser ejercidas por las CCAA en los términos que regule el Estado y cuando proceda a tal regulación mediante una Ley de Armonización. El objetivo es, evidentemente, garantizar que todas las CCAA tengan las mismas competencias constitucionales, que las ejercen del mismo modo, y que subsiste un Estado con capacidad de intervención y regulación de obligado cumplimiento cuando aparezcan fenómenos de dispersión competencial, contradicción en el ejercicio o erosión de los objetivos constitucionales. En última instancia, el objetivo constitucional no es otro que la prevalencia de la igualdad y libertad personal de los ciudadanos españoles sobre cualquier otra pretensión de particularismo o “derecho colectivo”, histórico o no.

Debe desaparecer de la CE la figura de la “legislación básica”, o normas básicas o bases. Cabe utilizar el mecanismo de la ejecución para otorgar a las CCAA capacidad para aplicar la normativa estatal en materias de competencia exclusiva del Estado, y también en aquéllas en las que, por ser compartidas o concurrente, predomina la normativa estatal sobre la autonómica. Debe quedar claro que por ejecución no se entiende legislación, aunque quepa desarrollar la figura del reglamento ejecutivo.

Las competencias no enumeradas corresponderán a las CCAA cuando las listen en sus Estatutos. Dei no estar listadas, la competencia será siempre del Estado. Deben también eliminarse las cláusulas de supletoriedad y prevalencia del derecho del Estado, salvo para el caso de las competencias compartidas o concurrentes.

b. Mecanismos institucionales de coordinación y solidaridad

La reforma constitucional debe regular los mecanismos de cooperación y coordinación generales y sectoriales, que deben ser de obligada observancia. La Constitución también debe definir la forma y rango jurídicos de sus acuerdos, así como las materias sobre las que deben operar, bien obligatoriamente, bien potestativamente. Estos mecanismos pueden operar tanto en los asuntos propios del Estado como en los correspondientes a las CCAA.

Igualmente deben regularse los consorcios interautonómicos como mecanismos de cooperación y solidaridad que permitan a las CCAA afrontar y financiar conjuntamente el ejercicio de ciertas competencias.

c. Adaptación institucional federal

No parece aconsejable cambiar la actual incardinación de estas materias (¿) en los procesos de reforma constitucional. No obstante, conviene diseñar constitucionalmente el contenido mínimo de los Estatutos, su forma y rango, y sus mecanismos de reforma. El Estatuto de Autonomía debiera definirse como norma constitutiva del territorio autónomo, como forma jurídica singular (distinta de la ley) pero de igual rango que la ley, y de naturaleza rígida pues sólo podrá reformarse con arreglo al procedimiento que el propio Estatuto regule. En todo caso, la reforma del Estatuto deberá ser aprobada por el órgano legislativa de la CCAA, previa aprobación por el Senado, ratificado por la población del territorio autónomo (con un mínimo de participación), e incluso, según el alcance de la propuesta de reforma, sometida a un referéndum de ámbito nacional (donde no sería necesario contar con ese mínimo de participación).

Debiera reformarse el sistema de conflicto de competencias, reservando al TC solo aquellos que, en efecto, planteen una cuestión constitucional, dejando el resto a los TSJ o al TS, según el caso. El Senado debe convertirse en auténtica cámara de representación territorial y asumirá las atribuciones propias del Congreso cuando se trate de aprobar o reformar Estatutos, leyes en materias concurrentes o compartidas, o la aprobación de leyes armonizadoras o de delegación de competencias ejecutivas.

3.2. Sistema financiero

Debiera regular sus principios y parámetros de cálculo. Sus principios básicos deberían ser la suficiencia y la corresponsabilidad fiscal, de manera que cada CCAA se haga responsable de sus programas políticos asumiendo que debe tener capacidad económica propia para su ejecución. La contribución del Estado debe limitarse a un mínimo calculable según los criterios acordados en el Senado, donde deberán tenerse en cuenta los que equilibren la situación económica entre las regiones respecto a los parámetros mínimos de prestación de servicios competencia de la CCAA. La idea es que el Estado ayude a mantener unos estándares mínimos y homogéneos de calidad de vida en todas y cada una de las competencias, pero que la CCAA se haga responsable de autofinanciar sus propias políticas públicas más allá de ese estándar común. Esto no sólo aumenta la corresponsabilidad fiscal, sino también la democrática. El sistema debería completarse con mecanismos correctores y de intervención en manos del Estado.


Ponencia de Educación

I. INTRODUCCIÓN

1. La educación es una de las prioridades políticas de Unión Progreso y Democracia desde sus orígenes. Su manifiesto fundacional declara como uno de los objetivos del partido “promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la educación pública laica y de la investigación científica y se opongan a la difusión del fanatismo y de la ignorancia, incluyendo la introducción de asignaturas concebidas para enseñar los principios éticos y políticos comunes a todos los españoles con independencia de su lengua materna, lugar de residencia o creencias religiosas e ideológicas”. Esta preocupación prioritaria por la educación entronca con el proyecto ilustrado y las principales corrientes ideológicas que convergen en el proyecto transversal de UPyD: el liberalismo progresista y el socialismo democrático. Ambas tradiciones coinciden en considerar al sistema educativo un pilar esencial de la prosperidad económica, el progreso social y la constitución misma de una comunidad política democrática.

2. Desde el punto de vista económico, la mejora del nuestro sistema educativo y de investigación es crucial para posibilitar el cambio en el modelo productivo que propugna UPyD. Para el tránsito de una economía centrada en sectores con productividad y sofisticación tecnológica bajas hacia una basada en el conocimiento y la innovación tecnológica que genere empleo de calidad es imprescindible potenciar la investigación científica y técnica. Pero también lo es una educación de calidad que forme mano de obra altamente cualificada.

3. Desde el punto de vista social, la educación pública es el instrumento más eficaz para avanzar hacia una igualdad real de oportunidades y una sociedad en la que no haya más desigualdades que las derivadas de la capacidad y el mérito.

4. Pero además, para UPyD el sistema educativo, además de un servicio público orientado a garantizar el derecho fundamental a la educación, suministrar mano de obra y favorecer la movilidad social, debe ser una institución constitutiva de la propia ciudadanía. Una ciudadanía basada en un sentimiento de pertenencia a una sociedad que conlleva ciertas obligaciones fundamentadas, en última instancia, en los derechos que las personas tienen por el hecho de serlo. Desde esta perspectiva, el sistema educativo debe ser uno de los principales instrumentos de una forma de cohesión nacional alternativa a las identidades colectivas basadas en comunitarismos culturalistas o biologicistas. España es, y cada vez en mayor medida, un país diverso desde el punto de vista étnico, lingüístico, ideológico, religioso, etc. El sistema educativo debe tener a la vez como objetivos favorecer el respeto a esa diversidad y evitar que una sociedad plural degenere en una sociedad fragmentada.

II. LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA

5. Uno de los principales problemas de España es la inexistencia de un sistema educativo y de investigación acorde con su nivel de desarrollo. Las promesas de alcanzar el nivel de inversión en educación equiparable al de los países de nuestro entorno han sido incumplidos sistemáticamente por los gobiernos con independencia de su signo político. Lo anterior se ha visto agravado por un vaivén legislativo permanente que ha impuesto reformas que no sólo no se han visto acompañadas de las inversiones necesarias, sino que han desviado buena parte de los recursos a la financiación de las burocracias generadas por los propios procesos de reforma.

6. A la insuficiencia de medios hay que sumar un preocupante descenso en la calidad de la formación, descenso que se manifiesta en unas tasas muy altas de fracaso escolar, en los resultados pobres resultados de nuestros alumnos en las pruebas homologadas internacionales y en el hecho de que ninguna de nuestras universidades figure entre las más importantes del mundo. A esta disminución de la calidad de la formación se ve acompañado de una degradación de la disciplina en los centros escolares. Ambos fenómenos han provocado una progresiva frustración del profesorado, especialmente del de enseñanza secundaria.

7. Esta crisis no ha afectado a todos los centros por igual. Su incidencia ha sido mayor en los públicos y, entre éstos, en los ubicados en zonas urbanas habitadas por familias de grupos sociales menos favorecidos. Este fenómeno ha ido conduciendo progresivamente a un modelo educativo cada vez más dual que tiende a reproducir las desigualdades que debería contribuir a superar.

8. Lejos de contribuir a la creación de una comunidad política democrática de ciudadanos libres e iguales, la educación está siendo utilizada para adoctrinamientos de diversa índole potencialmente disgregadores. Este uso espurio del sistema educativo que lo convierte en un instrumento al servicio de la fragmentación cultural y territorial está siendo favorecido de manera irresponsable por las administraciones educativas de diversas formas. Una de ellas es la introducción en los contenidos de diversas asignaturas de tópicos nacionalistas a menudo carentes de todo rigor científico. Otra es la relegación del castellano en los centros docentes de las comunidades bilingües a la categoría de lengua extranjera en aplicación de las políticas de imposición impropiamente llamadas de “normalización lingüística”. Otra es la presencia en el currículo de asignaturas de formación religiosa de carácter confesional.

9. Los partidos políticos tradicionales no han tenido ni la capacidad ni la voluntad de llegar a acuerdos de Estado en materia educativa. De ahí que los sucesivos cambios de gobierno hayan venido acompañados de cambios en la legislación educativa básica, dando lugar a un permanente estado de inestabilidad normativa. A ello hay que añadir la disgregación derivada de la cesión a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia educativa, que ha ido provocando la división del espacio educativo español en 17 subsistemas diferentes.

10. Entre los aspectos positivos de la evolución de la educación en España hay que destacar la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años. Pero a pesar de este avance, la educación en España es hoy de menor calidad, más clasista y menos integradora. Esta evolución negativa es el resultado de la acción combinada de:

a. Las políticas de discriminación de la enseñanza pública de las derechas españolas.

b. La imposición dogmática por parte de las izquierdas de reformas demagógicas basadas en teorías pseudopedagógicas trasnochadas, que, con el pretexto de su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, se están tratando de imponer ahora en las universidades.

c. La subordinación de los objetivos propiamente educativos al adoctrinamiento ideológico nacionalista o confesional.

III. PROPUESTAS

11. Consideramos imprescindible un pacto de Estado en materia educativa, que deberá incluir a menos a los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional, que dote de estabilidad al sistema garantizando la permanencia de la norma. La nueva política educativa deberá partir del reconocimiento los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa y no, como hasta ahora, como meros ejecutores de reformas que se les dictan desde otros ámbitos o, incluso, como los culpables de los fracasos de éstas.

12. A fin de garantizar un sistema de enseñanza nacional unitario, las competencias en educación deberán ser devueltas al Estado, sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las Comunidades Autónomas. En los territorios bilingües se deberá garantizar por ley el derecho a la escolarización en la lengua de elección y que ambas lenguas oficiales sean adecuadamente enseñadas y aprendidas. Deberá facilitarse la movilidad del profesorado en todo el territorio nacional. La creación de un espacio educativo español integrado es a su vez un paso necesario para avanzar hacia el objetivo más ambicioso de la creación de un espacio educativo europeo.

13. La inversión en educación y en investigación deberá incrementarse hasta alcanzar la media de los países europeos más avanzados para dotar al sistema educativo y de investigación de los medios humanos y materiales necesarios. Este aumento de la inversión en educación deberá garantizarse mediante una Ley de Financiación de la Enseñanza.

A. Educación primaria y secundaria

14. El Estado deberá priorizar el desarrollo y mejora de la red de centros públicos, contrarrestando la tendencia actual a convertirlos en guetos donde se segregan a los hijos de familias más desfavorecidas económicamente o cuya integración social pueda ser problemática. Es necesario que exista un control administrativo riguroso de los criterios de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos y que se garantice la gratuidad total real en todos ellos.

15. El sujeto del derecho a la educación es el alumno y favorecer su formación integral como ciudadano autónomo. Por ello la educación debe ser laica y respetuosa con todos los sistemas de creencias compatibles con la democracia. Defendemos la existencia de una asignatura obligatoria cuyo objetivo central sea asegurar el cumplimiento del precepto constitucional que establece que la educación “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (CE, 27.2). Los contenidos de dicha asignatura deberán ser consensuados en el pacto de Estado por la Educación. Ninguna materia confesional debe formar parte del currículo escolar. El contenido de los textos escolares deberá estar sometido a una supervisión pública por profesionales independientes que vele por que sus contenidos sean coherentes con los valores morales y políticos democráticos y con los planes de estudios y que en ningún caso sean medios de adoctrinamiento ideológico de ninguna clase.

16. A menudo se reducen los problemas educativos a la insuficiencia de los medios. Desde UPyD no compartimos ese enfoque simplista y pensamos que el incremento en la inversión en educación que propugnamos es necesario pero no suficiente para que nuestro sistema educativo supere su crisis. Además de más medios, la educación requiere reformas importantes que deben tener como líneas maestras las siguientes:

a. La enseñanza deberá seguir siendo obligatoria hasta los 16 años.

b. La enseñanza no universitaria tendrá tres etapas, infantil, primaria y secundaria. Ésta tendrá dos itinerarios básicos: un bachillerato sólido y riguroso, más largo que el actual y comenzado a una edad más tempranas y una formación profesional que haga posible el acceso a los estudios superiores.

c. Uno de los males endémicos de la educación en España es el planteamiento de unos objetivos muy ambiciosos cuyo logro no se verifica. Para ello debería reformarse el currículo reduciendo el número de asignaturas y, sin caer en trivializaciones pseudopedagógicas, haciéndolo más realista. Para ello proponemos la adopción del sistema de crédito europeo (que toma como base el trabajo del alumno) como instrumento de planificación del aprendizaje y la realización por los alumnos de pruebas externas orientadas fundamentalmente a la evaluación del propio sistema educativo.

d. Deberá favorecerse el aprendizaje de lenguas extranjeras mediante la promoción de la enseñanza bilingüe, cuya implantación se está viendo obstaculizada por presiones corporativistas, y de los programas europeos de intercambio.

e. La promoción automática de curso deberá ser eliminada.

f. Deberá reforzarse la autoridad del profesorado en los centros protegiéndolo de agresiones a su persona y de intromisiones ilegítimas en sus competencias profesionales.

17. La inmigración es un fenómeno reciente en España y el sistema educativo es un instrumento fundamental para la integración de los hijos de los inmigrantes y la prevención de actitudes xenófobas o racistas. Para que pueda cumplir su función, sin embargo, es preciso que dotar al sistema educativo de la flexibilidad y los medios para que puedan atenderse sus necesidades singulares (por ejemplo el aprendizaje del castellano de los niños extranjeros no hispanohablantes).

18. La enseñanza primaria deberá ser impartida por graduados en Magisterio y la secundaria por graduados de cualquier disciplina. La formación, selección y promoción del profesorado deberá basarse en la excelencia académica y la capacidad pedagógica. Para ello es imprescindible suprimir los nuevos másteres de formación del profesorado, que presentan, agravados, los mismos defectos que el antiguo CAP y que han generado un justificado rechazo entre estudiantes, graduados y la mayor parte del profesorado universitario. En su lugar deberá implantarse una formación docente, similar al sistema MIR, consistente en el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de uno o dos años bajo la supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas. La promoción del profesorado no deber seguir basándose en la antigüedad y la recepción de cursillos, sino preferentemente en méritos académicos, invirtiendo el proceso de desconexión entre el profesorado de los distintos niveles educativos, especialmente entre el de secundaria y las universidades.

B. Universidades e investigación

19. UPyD apuesta decididamente por la integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y apoya por lo tanto la implantación de las medidas previstas en la Declaración de Bolonia. No obstante, rechaza algunas de las reformas ajenas a dicho proceso pero que tomándolo como pretexto, se están imponiendo a las universidades, en particular la subordinación de los estudios universitarios a las supuestas necesidades del mercado de trabajo, la privatización indirecta de las titulaciones en las universidades públicas, el intento de imponer en la enseñanza superior una metodología didáctica uniforme inspirada en reformas ya fracasadas de la secundaria (el crédito europeo, cuya implantación es una medida positiva, no impone una pedagogía determinada), el nuevo máster de formación de profesorado y la burocratización de la evaluación de la calidad.

20. Es un sinsentido pretender integrar el sistema universitario español en el EEES y a la vez mantener su fragmentación actual. La integración en Europa debe venir acompañada de la creación de un Espacio Español de Educación Superior. Proponemos por ello retomar la idea de un catálogo nacional de titulaciones y la elaboración de directrices específicas para cada una de ellas, a fin de obtener la homogeneidad necesaria para garantizar la movilidad de los estudiantes promovida por el proceso de Bolonia.

21. Además de la de los estudiantes, debe facilitarse la movilidad del profesorado, superando la endogamia, que constituye una de las principales lacras de la universidad española. Para ello es necesario reformar el sistema de selección del profesorado y restituir a los funcionarios docentes universitarios el derecho al traslado. Ello exige sustituir la habitual interpretación estrecha de la autonomía universitaria (entendida como la discrecionalidad de cada universidad para contratar a su profesorado) por una interpretación más amplia (la autonomía de la academia respecto al poder político).

22. La evaluación de la calidad de la enseñanza de los centros y los profesores es una de las asignaturas pendientes de la educación superior española. Desgraciadamente, los procedimientos de evaluación que se están implantando son insufriblemente burocráticos, además de arbitrarios e ineficaces. Como alternativa proponemos que la docencia universitaria sea evaluada por sus resultados, es decir, por la formación adquirida por sus titulados. Para ello deberá incentivarse a los titulados recientes universitarios para que realicen pruebas homologadas externas.

23. Debe existir un sistema de becas que garantice que toda persona tenga la oportunidad de estudiar a tiempo completo, con independencia de su estatus socioeconómico. Las ayudas a la movilidad de los estudiantes deberán tener la dotación suficiente para cubrir todos los gastos. Los estudios de postgrado deberán tener unas tasas fijadas similares a las de los de grado.

24. El alto fracaso estudiantil indica la conveniencia de implantar un sistema de acceso más riguroso que permita la realización de pruebas específicas en las titulaciones en que se estime necesario.

25. El fomento de la investigación exige desvincular las plantillas de los departamentos de las necesidades docentes. Ello permitiría un aumento del personal investigador, que sería contratado sólo sobre la base de su productividad investigadora, y eliminaría distorsiones ad hoc en los planes de estudio y la planificación de las enseñanzas. En esta línea, proponemos la potenciación de programas como el Ramón y Cajal y la estabilización del personal investigador contratado.

26. Debe incentivarse la colaboración entre las universidades y las empresas en el ámbito de la investigación y las prácticas de los estudiantes. No obstante, esto no debe ser obstáculo para el impulso de la investigación básica, cuya financiación deberá hacerse fundamentalmente con fondos públicos.


Ponencia económica

I. INTRODUCCIÓN

1. El bienestar de los ciudadanos, dentro de un nivel razonable de equidad en la distribución de los frutos del desarrollo, es el objetivo central del funcionamiento del sistema económico. Éste debe conducirse por una política económica atenta a la mejor configuración institucional de las relaciones de mercado, al respeto a los derechos de propiedad y a la libertad de los agentes económicos —productores y consumidores, trabajadores y empresarios— para establecer sus transacciones. UPyD se inspira en una concepción liberal de la economía; propugna, por ello, que las intervenciones del Estado sean limitadas y atiendan principalmente a la corrección de los fallos del mercado; y defiende también la necesidad de actuaciones correctoras de la distribución de la renta orientadas a la mejora del nivel de equidad. Tanto el mercado como el sector público son necesarios en el Estado social y democrático de derecho que define la Constitución. El mercado, normalmente, asigna los recursos de manera eficiente, aunque ello no obste para que la regulación pública sea imprescindible para atenuar sus fallos, proveer los bienes u servicios públicos y repartir mejor la riqueza y la renta. Equidad y eficiencia no son conceptos antitéticos, pues sólo las sociedades que cuentan con mecanismos correctores de la desigualdad económica y que ofrecen las mismas oportunidades a todos sus ciudadanos, alcanzan altos niveles de eficiencia, competitividad y desarrollo.

2. Desde una perspectiva doctrinal, consideramos que los viejos debates que vinculaban el liberalismo con la derecha y el intervencionismo con la izquierda se encuentran trasnochados y no responden a la realidad actual del consenso macroeconómico en el que se recogen las tradiciones clásica, keynesiana y neoclásica del pensamiento económico. Desde los años noventa se ha ido configurando así una cierta síntesis transversal de esas tradiciones, cada una de las cuales aporta elementos válidos para la política económica en el corto, medio y largo plazo. Por ello, esa política, dependiendo de su horizonte temporal, puede y debe emplear instrumentos de estímulo de la demanda, tanto de carácter fiscal como monetario, y debe también promover las reformas estructurales que mejoran las condiciones de la oferta. Todo ello, prestando una especial atención a la evaluación de los efectos que las actuaciones del Estado tienen a lo largo del tiempo.

3. En UPyD propugnamos, por tanto, una política económica basada en los mejores conocimientos que se han derivado del análisis económico, sin apelar a tabúes ideológicos y sin alentar prejuicios carentes de fundamento tanto en la teoría económica como en los estudios empíricos de las economías reales. Nuestra política apela, así, al papel del Estado en la conducción de los asuntos económicos, pero, a la vez, propugna que ese papel sea subsidiario del mercado y no invada las actividades propias de la libre iniciativa privada.

II. LA DOBLE CRISIS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

4. La economía española, una vez cerrado el ciclo expansivo que se inició a mediados de la década de los noventa, atraviesa por una grave crisis. En ella incide de forma importante la crisis financiera internacional que, iniciada en estados Unidos durante el verano de 2007, se generalizó por el mundo a lo largo del año 2008. Pero, en la explicación de la crisis, también son muy relevantes los factores de orden interno, principalmente los referidos a la existencia de un modelo de crecimiento basado en la expansión del sector inmobiliario —asentada ésta en procesos especulativos alimentados por unas condiciones financieras extraordinariamente relajadas—, en el desarrollo de unos servicios turísticos de calidad media y baja, y en una industria poco sofisticada en la que predominan los sectores de poca complejidad tecnológica y en la que apenas se cuenta con actividades de alta tecnología. Asimismo, entre esos factores internos se deben mencionar los que aluden a las carencias de competitividad de las empresas españolas, debidas en gran parte a deficiencias en su gestión, a las rigideces del mercado de trabajo, a las deficiencias formativas de una buena parte de la mano de obra —derivadas del relativo fracaso del sistema educativo—, a la existencia de barreras crecientes en el mercado interior, a la todavía subsistente multiplicidad de regulaciones restrictivas de la competencia y a unas instituciones judiciales que no permiten garantizar suficientemente los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos.

5. Pero a la crisis económica se añaden también los efectos perversos que sobre la economía tienen unas instituciones políticas que dificultan, en vez de alentar, el desarrollo económico. Ello ha sido el resultado de un proceso de descentralización autonómica que ha llegado demasiado lejos y que aún no se ha dado por acabado. Es así en términos de recursos, pues las Comunidades Autónomas gestionan casi en 36 por 100 del gasto público total, una proporción ésta que excede claramente al promedio de los países federales de la Unión Europea —Bélgica, Austria y Alemania— en los que los gobiernos regionales se adjudican sólo un 25 por 100. Y lo es también en el ejercicio de unas competencias reguladoras que ha dado lugar a una genuina fragmentación del mercado interior en numerosos sectores. Debido a que el gasto del Estado se encuentra en su mayor parte comprometido por la atención al Estado del Bienestar, el sostenimiento de los servicios esenciales de carácter nacional —como la seguridad, la defensa, la justicia y las relaciones internacionales— ello hace que exista un bajo margen para las políticas discrecionales, en especial las inversiones públicas, que son necesarias para abordar la crisis.

6. En estas circunstancias, la coordinación de la política económica entre las distintas Administraciones Públicas —el Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales— bajo la dirección del Gobierno se ha visto crecientemente dificultada, tanto porque cada una de ellas, en el ejercicio de su autonomía y bajo una pulsión localista y clientelar que muchas veces las aleja de la lealtad institucional que cabría esperar de sus órganos de gobierno, no ha tenido en cuenta a las demás, como porque, en la práctica, el Estado ha renunciado a ejercer las competencias residuales de ordenación general que le permitirían limitar y disciplinar los programas de gasto y las acciones reguladoras de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.

7. Los ciudadanos no han sacado ventaja de este estado de cosas. El fracaso del sistema educativo, las crecientes desigualdades en el acceso a servicios públicos esenciales como la sanidad, la discriminación lingüística con respecto al idioma español en las regiones que cuentan con dos lenguas cooficiales, la inseguridad jurídica que se deriva de una administración judicial obsoleta y fragmentada, y la falta de una verdadera igualdad de oportunidades ante las Administraciones Autonómicas y Locales para licitar en sus concursos o para obtener de ellas ayudas y subvenciones, son problemas relevantes que se dejan sentir con una intensidad cada vez mayor.

8. Pero lo más relevante ahora es que con la actual organización territorial del Estado es prácticamente inviable el desarrollo de una política para impulsar la salida de la crisis, pues el Estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales, en especial de aquellos que, ostentados por coaliciones nacionalistas, intercambian reconocimientos competenciales o dotaciones presupuestarias por su apoyo político en el Parlamento de la Nación. De ahí que sea impostergable la revisión del marco competencial de las diferentes Administraciones para resolver los principales problemas, también los económicos, que acucian a los ciudadanos. Esta es una tarea que deberá emprenderse a la vez que se aborda la política económica para afrontar la crisis.

III. UNA POLÍTICA ECONÓMICA PARA ESPAÑA

9. La política económica que se requiere en España tiene que abordar simultáneamente la corrección de los efectos de una coyuntura adversa en el corto plazo y las necesidades de un cambio estructural que permita asentar sobre bases sólidas el crecimiento a largo plazo. Y ello, dentro de un estricto marco de disciplina financiera en las Administraciones Públicas que impida el derroche de unos recursos que son muy escasos, así como una continua apelación al déficit y, por tanto, a un endeudamiento que puede llegar a pesar gravemente sobre las generaciones futuras y causar daños al sector privado de la economía. Por ello, UPyD rechaza las medidas de parcheo que se han ido adoptando por el Gobierno a lo largo de la legislatura y apela a la realización de los esfuerzos que sean necesarios para que, desde un diagnóstico compartido, las fuerzas políticas, los sindicatos y las organizaciones empresariales puedan llegar a la formulación de un ambicioso programa de política económica orientado hacia la salida de la crisis.

III. 1. Regulación y supervisión financiera

10. La crisis económica ha puesto de manifiesto las deficiencias del marco regulador y de supervisión del sistema financiero nacional e internacional. Unas deficiencias que han conducido a unos excesivos niveles de riesgo en las entidades financieras y, derivado de él, a la contracción de la liquidez y el crédito. Tanto en España como en los demás países, singularmente en Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido necesario arbitrar una política de estabilización financiera muy costosa en recursos que, en nuestro caso, ha adolecido de falta de transparencia y de suficiente impulso político para abordar las reformas necesarias en el marco de supervisión de las entidades de crédito.

11. El actual sistema de regulación necesita una reformulación que amplíe su perímetro a todo tipo de entidades, productos y mercados financieros. El nuevo sistema de regulación financiera tiene que adquirir la amplitud que sea necesaria para que puedan evitarse los comportamientos susceptibles de crear riesgos sistémicos o que pongan en peligro la estabilidad del sistema financiero. Tiene, asimismo, que evitar el arbitraje regulador tanto entre empresas como entre países. Tiene también que asegurar un tratamiento justo e igualitario para los consumidores e inversores en productos financieros, asegurando un alto grado de protección y evitando abusos o conductas poco transparentes de las entidades financieras con respecto a ellos. La regulación no debe frenar la innovación financiera, pero sí hacer que ésta sea transparente y comprensible para los consumidores, de manera que puedan acceder a toda la información relevante y elegir libremente. Y, finalmente, la regulación tiene que adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos que inciden sobre el negocio financiero.

12. Algunos aspectos concretos de la regulación financiera deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, las entidades financieras deben ver fortalecidos sus ratios de capital y constituir reservas de carácter anticíclico. Asimismo se deben limitar los riesgos de liquidez y se han de establecer reglas muy estrictas con respecto al empleo de vehículos financieros fuera del balance. En segundo término, debe revisarse el papel de las agencias de rating en el sistema financiero y su responsabilidad en la evaluación de los riesgos. También es preciso fortalecer las normas internacionales de contabilidad y las técnicas de evaluación de riesgos. En tercer lugar, se deben regular y supervisar los diferentes vehículos de inversión, estandarizando y simplificando los productos derivados, así como los sistemas para su compensación. Finalmente, han de establecerse mayores controles sobre los fondos de inversión.

13. En el ámbito europeo deben darse pasos para la constitución de un sistema homogéneo de supervisión financiera en el que se tuvieran en cuenta los sectores bancario y de seguros, y los mercados de valores. Ese sistema puede reunir a los diferentes supervisores nacionales, aunque debe estar dotado de una autoridad supranacional que orientada a evitar que cualquier relajación en la actividad supervisora de cualquiera de los países participantes se convierta en un elemento de competencia desleal o cree riesgos a las entidades financieras de los demás países. Además, es conveniente la separación funcional e institucional entre las actividades de regulación y de supervisión financiera.

14. La constitución de entidades financieras de gran tamaño debe ser sometida a estrictas reglas de vigilancia de la competencia. Aunque las fusiones entre entidades financieras pudieran llegar a ser necesarias en algunos casos, no es prudente una política que las promueva de manera indiscriminada y, menos aún, una política que tenga como única finalidad la de diluir o camuflar los riesgos excesivos asumidos por algunas de ellas.

III. 2. Las Cajas de Ahorro

15. Las Cajas de Ahorro se han convertido en el elemento más vulnerable del sistema financiero español. Su regulación, en la que juegan un papel fundamental las leyes autonómicas, ha propiciado una excesiva politización de sus órganos de administración y gestión, al establecer una suerte de reparto de cuotas entre los partidos políticos, los sindicatos y las diferentes Administraciones Locales. Además, las dificultades que conlleva la ampliación de su capital fundacional hacen que afronten las consecuencias de la crisis financiera desde una posición de debilidad. Todo ello hace urgente la reforma del marco regulador de las Cajas de Ahorro, de manera que, conservando su carácter social, puedan ver reforzada su posición financiera a la vez que despolitizada su administración.

16. Entretanto se realiza la conversión de las Cajas de Ahorro en sociedades, de manera urgente debe reformarse la legislación vigente —la LORCA— con la finalidad de reducir la participación de las Administraciones Públicas en sus órganos de gobierno. El resto de la representación se debe repartir a partes iguales entre los siguientes cuatro grupos: los representantes de los trabajadores, los representantes de los impositores, los representantes de los tenedores de instrumentos de renta fija a largo plazo emitidos por las Cajas y los representantes de los titulares de cuotas participativas. Asimismo, la reforma de la LORCA debe incluir la cesión al Banco de España de las atribuciones en materia de supervisión y las competencias sancionadores que actualmente ostentan las Comunidades Autónomas.

III. 3. La política fiscal y la inversión pública

17. La política fiscal es el principal instrumento de política económica de que disponen el Estado y las Comunidades Autónomas. Su manejo requiere que las correspondientes Administraciones desarrollen actuaciones tanto en la perspectiva de los ingresos como en la de los gastos, tratando de equilibrar ambos flujos, lo que no excluye que, en coyunturas adversas, puedan contabilizarse déficits; y lo contrario en las coyunturas favorables. En todo caso, los déficits fiscales han de ser sostenibles, lo que implica su limitación dentro de un marco razonable de financiación a través de las emisiones de deuda pública. A este respecto, el límite del tres por ciento del PIB establecido en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea no debería ser sobrepasado, de manera que, cuando las circunstancias empujan poderosamente determinados capítulos de gasto, como son los del sostenimiento del desempleo o la realización de programas extraordinarios de inversión, entonces el Gobierno debe actuar reduciendo otros conceptos de gasto corriente y, en último extremo, generando nuevos ingresos.

18. El sistema fiscal español presenta algunas deficiencias que es necesario corregir para que no siga mermándose su capacidad recaudatoria y no sea cada vez menos equitativo. Las reformas fiscales que son necesarias se deben orientar básicamente a mejorar el diseño del sistema y no a incrementar la presión fiscal, pues ésta tiene un nivel adecuado, muy cercano al promedio de los países de la Unión Europea. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha acabado configurando dualmente como un impuesto progresivo sobre las rentas del trabajo y un impuesto proporcional sobre las rentas personales del capital. Una reforma que elimine esta dualidad, incremente la progresividad del impuesto y potencie el control de todo tipo de rentas, es estrictamente necesaria. A su vez, el Impuesto de Sociedades se ve sometido a una severa competencia internacional, dentro de la Unión Europea, por la captación de las inversiones privadas. Por ello, es necesaria una reforma que reduzca el tipo impositivo correspondiente al nivel requerido para afrontar esa competencia. Es relevante también la comparativamente elevada carga fiscal que, a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, soporta el factor trabajo, afectando así negativamente tanto al empleo como a la competitividad microeconómica. Una reducción de esa carga, a la vez que una simplificación de los incentivos al empleo que toman como fundamento la reducción de las cuotas a la Seguridad Social, es muy conveniente. Los efectos de tal reducción sobre la capacidad de financiación de la Seguridad Social podrían ser compensados mediante un incremento en los tipos impositivos del IVA y de los impuestos especiales.

19. Consideramos también necesaria una mejora en la lucha contra el fraude fiscal, basada en una decidida voluntad política que hasta hoy no ha existido. De nada sirve legislar a este respecto si no se dispone de una administración tributaria eficaz, dotada de medios, motivada y respaldada por el Gobierno y la sociedad. Ello hace necesario un urgente reforzamiento material y personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y una reorganización de sus servicios, de manera que se potencie el papel de los cuerpos de gestión en las tareas de inspección tributaria. Asimismo, consideramos que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) debe ver reforzado su papel en el sistema fiscal para asegurar la unidad del mercado nacional. En este sentido, aunque la participación prevista de los Gobiernos Autonómicos en sus órganos rectores es razonable, no puede aceptarse la pretensión de proceder a su descentralización a través de la potenciación de los Consorcios Tributarios con las Comunidades Autónomas, pues esos Consorcios suponen la ruptura de la coordinación estatal, disminuyen la eficacia en la recaudación tributaria y afectan negativamente a la lucha contra el fraude fiscal.

20. El gasto público debe sujetarse a pautas de austeridad que eliminen las partidas superfluas y limiten su cuantía total, especialmente en lo que se refiere a los gastos corrientes de las Administraciones Públicas. Con ello se podrá potenciar el papel de la inversión pública, especialmente en la coyuntura de crisis por la que atraviesa la economía española. Las inversiones públicas deben programarse siguiendo criterios de eficiencia, de manera que incidan positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía. Rechazamos, por ello, los programas de inversión orientados hacia la propaganda del Gobierno —como el realizado dentro del Plan E para financiar obras menores de los Ayuntamientos—; y rechazamos también que los programas presupuestarios de inversión se dirijan más a compensar los compromisos políticos del Gobierno con las minorías nacionalistas que a potenciar el crecimiento del conjunto de la economía española. El gasto público social es aún insuficiente y se encuentra varios puntos por debajo de la media de la OCDE, lo que se manifiesta en carencias de todo orden dentro de este capítulo esencial para la equidad y la cohesión social. Por ello, han de hacerse los esfuerzos necesarios a fin de mejorar las prestaciones sociales, en especial a las personas más desfavorecidas.

III. 4. La financiación de las Comunidades Autónomas

21. El sistema de financiación autonómica ha entrado en crisis debido a la insuficiencia de sus previsiones de actualización, a la presión política del nacionalismo catalán para apartar a Cataluña de la solidaridad interregional, a la persistencia de los privilegios derivados del régimen foral del País Vasco y Navarra, y a al hecho de que no se ha integrado en él el régimen económico-fiscal de Canarias. La resolución de esa crisis requiere, además de modificar la financiación de las regiones del régimen común, un cambio en las metodologías de cálculo del cupo del País Vasco y de la aportación de Navarra al Estado —para corregir sus deficiencias e incorporar a estas regiones a los mecanismos de solidaridad interterritorial—, así como la integración del especial sistema fiscal de Canarias.

22. El sistema de financiación autonómica resultante de la reforma debe responder a los principios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia, de manera que proporcione los recursos que se requieren para el ejercicio de las competencias autonómicas sin que éste implique privilegios para unos españoles en detrimento de otros. Ello hace que rechacemos las pretensiones de bilateralidad planteadas por el nacionalismo catalán, así como sus propuestas de nivelación parcial con las que se pretende garantizar sólo una parte de las competencias autonómicas, pues de ello se pueden derivar severas desigualdades entre los ciudadanos, dependiendo de la parte del territorio nacional en el que vivan. Asimismo, la financiación autonómica debe diseñarse con criterios de simplicidad y transparencia, evitando la proliferación de fondos de compensación de situaciones particulares o específicas de determinadas Comunidades Autónomas, pues ello no conducirá sino a aumentar las desigualdades regionales.

23. En la perspectiva de los ingresos de las Comunidades Autónomas, consideramos desacertada la transferencia de determinados impuestos a las Comunidades Autónomas —como el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales— en cuantías que impliquen dejar en sus manos la mitad o más de la correspondiente recaudación. Aunque un alto grado de corresponsabilidad fiscal es deseable, en el actual nivel competencial de las Comunidades Autónomas, su logro implica una transferencia de impuestos a todas luces excesiva que deja al Estado muy disminuido para poder afrontar los graves problemas por los que atraviesa la economía. Por ello, tal como antes se ha señalado, hubiese sido preferible que, antes de modificar en profundidad el Sistema de Financiación Autonómica, se hubiese entrado en el debate sobre el reparto territorial de las competencias —y del poder que se asocia a ellas— a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos, eficacia en la prestación de los servicios públicos y eficiencia en la asignación de los recursos presupuestarios. Si se hubiese operado de esa manera, el paquete fiscal a transferir hubiese sido muy inferior al propuesto.

24. En particular, consideramos no deseable la transferencia del IRPF, dado que este impuesto es uno de los pocos instrumentos de que dispone el Estado para desarrollar una política redistributiva. Y menos aún la ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas con respecto a dicho impuesto, pues ello puede afectar gravemente a su carácter progresivo, con la consiguiente pérdida de equidad en la distribución de la renta entre los españoles. Tampoco es aceptable el nivel y, sobre todo, la pretensión de ceder competencias normativas en el IVA y los Impuestos Especiales. Tal cesión normativa generará diferencias territoriales en estos impuestos que actuarán como incentivos a la movilidad del capital, con lo que se deslocalizarán las empresas hacia las Comunidades Autónomas de menor carga impositiva. Por tanto, es previsible que la diferenciación fiscal entre las Comunidades Autónomas en cuanto a los impuestos indirectos, actúe como un poderoso elemento de ruptura de la unidad de mercado en favor de las más ricas, añadiendo un problema adicional a los ya graves que se derivan de la crisis económica.

III. 5. El cambio en el modelo productivo

25. La salida de la crisis requiere una reasignación intersectorial de los recursos de capital para favorecer el cambio en el modelo productivo. La economía española no puede seguir centrada en sectores de bajo nivel de productividad basados en tecnologías poco sofisticadas y en la producción de bienes y servicios para los que la competencia se establece básicamente en los precios. Debe transitarse hacia una economía más intensiva en el empleo del conocimiento y de la innovación tecnológica, así como en la utilización de mano de obra de creciente cualificación. Aunque una política industrial, extendida sobre las manufacturas y los servicios, puede ser necesaria si se tiene en cuenta que la asignación de recursos a determinados sectores de la economía está sujeta a fallos del mercado, principalmente por la existencia de costes hundidos y de externalidades pecuniarias y tecnológicas, así como por la aversión al riesgo en el mercado de capitales, ello no significa que esa sea la única vía para incentivar la inversión empresarial en los nuevos sectores. También se requieren reformas estructurales que aumenten la competencia, impulsen la eficiencia y, en definitiva, configuren unas condiciones de oferta favorables a la libre iniciativa de los empresarios en cuanto a la realización de inversiones de carácter productivo.

III. 6. El mercado de trabajo

26. Una de las reformas estructurales más urgentes para la economía española es la del mercado de trabajo. Anclado todavía en instituciones heredadas del franquismo, el mercado de trabajo adolece de una fuerte segmentación y una extraordinaria rigidez para los ajustes de salarios y de empleo, especialmente entre los trabajadores fijos. La reforma del mercado de trabajo se debe orientar hacia la unificación de las condiciones jurídicas de empleo de todos los trabajadores, acabando así con la distinción entre los que cuentan con contratos indefinidos y los que están sujetos a una contratación de carácter temporal no causal. Una unificación que ha de operar tanto en lo que se refiere a las condiciones salariales, como en lo que concierne al coste del despido. Este último forma parte, junto a las prestaciones correspondientes, de la protección del desempleo, por lo que se hace necesaria una reasignación de la financiación de esta última entre ambos tipos de fuentes. Propugnamos, por ello, con respecto a las indemnizaciones, un alineamiento hacia las condiciones medias que prevalecen en los países de la Unión Europea.

27. Otro aspecto relevante del mercado de trabajo español es el que se refiere a la negociación colectiva. Ésta se concreta en España en la negociación de convenios de ámbito sectorial y provincial que conducen a un importante desajuste entre las condiciones salariales y las condiciones de productividad de las empresas. Se trata de un modelo muy ineficiente que afecta de manera severa a la competitividad de las empresas. Por ello entendemos que es preciso modificar el marco normativo de la negociación colectiva de manera que las condiciones salariales sólo puedan negociarse en el ámbito de la empresa o en el de convenios generales de carácter nacional, correspondiendo la negociación de otros aspectos como las condiciones de seguridad, la distribución de la jornada de trabajo o la formación a los convenios de ámbito intermedio.

28. También es necesario impulsar las políticas activas de empleo, incrementando los recursos de que disponen hasta al menos un 1 por 100 del PIB, por una parte, y favoreciendo la coordinación de las Comunidades Autónomas en este campo, por otra. Asimismo, se debe reformar el Servicio Público de Empleo Estatal para dotarlo de una mayor eficacia, a la vez que se reconoce un papel más destacado a la participación del sector privado en la intermediación para el empleo.

III. 7. El sistema de pensiones

29. Un elemento clave que define el carácter de una sociedad es el que alude a la forma en la que trata a sus mayores. Por ello debe progresarse en la mejora de las pensiones, una parte importante de las cuales es, aún hoy, muy reducida. Como consecuencia de las adversas condiciones que ha impuesto la demografía española de las tres últimas décadas, el actual sistema de pensiones puede no resultar sostenible a largo plazo. Los estudios más solventes señalan que los problemas financieros del sistema de pensiones comenzarán a ser acuciantes a mediados de la década de 2020, por lo que conviene prestarles atención desde el momento actual. La adopción de acuerdos basados en un diagnóstico serio entre las fuerzas políticas y sociales en este terreno es imprescindible. Como contribución a esos acuerdos, UPyD propugna una política de reformas en el sistema de pensiones que se fundamente en el alargamiento de la vida laboral, de manera que se retrase la edad de jubilación por encima de los actuales 65 años; en la consideración de toda la vida laboral de los trabajadores para el cálculo de las pensiones; y en la mejora de los incentivos fiscales para la constitución voluntaria de fondos de pensiones privados, de modo que exista un mayor equilibrio entre el sistema de reparto de las pensiones públicas y el de capitalización de las privadas.

30. Por otra parte, consideramos que, en las actuales condiciones de la economía española, no es razonable mantener el actual sistema de prejubilaciones del que se benefician las grandes empresas, transfiriendo una parte del coste de la renovación de sus plantillas al Estado. Proponemos, por ello, la creación de un impuesto sobre las prejubilaciones cuyo sujeto pasivo sean las empresas que utilizan este procedimiento y cuya cuantía sea equivalente a la retribución anual del trabajador prejubilado.

III. 8. El modelo energético

31. El modelo energético español adolece de tres problemas relevantes que es necesario solucionar en el medio plazo: 1. El alto nivel de dependencia de las importaciones de energía primaria, petróleo y gas natural, principalmente. 2. El elevado coste de la generación de energía eléctrica debido a la insuficiente capacidad instalada de las centrales de bajos coste —nuclear y ciclo combinado— frente a la expansión de la capacidad de las de alto coste —energías renovables—. 3. El incumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a la emisión de CO2 a la atmósfera. Un cambio en el modelo energético se impone, por tanto, para reducir la dependencia y vulnerabilidad del sistema energético, para reducir los costes de la energía eléctrica que drenan competitividad a la economía, y para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

32. El cambio en el modelo energético requiere un aumento de la contribución de la energía nuclear a la oferta eléctrica española. Para ello, resulta conveniente la ampliación por diez años de los plazos de operación de las centrales nucleares actualmente operativas, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear. Asimismo, en el marco de la planificación energética a medio y largo plazo, debe programarse la construcción de nuevos grupos nucleares que sustituyan y amplíen los actualmente existentes, y que se localicen en los mismos emplazamientos que éstos. (no hay punto 33)

34. La ampliación de la capacidad nuclear no debe impedir el aumento de la capacidad instalada de producción de electricidad a partir de energías renovables. No obstante, se debe incentivar la I+D en este campo con la finalidad de reducir sus costes operativos y mejorar su eficiencia.

35. El cambio en el modelo energético se debe acompañar por una transformación de sistema regulatorio del sector de manera que se abra a la competencia en todos sus segmentos. Asimismo, deben reducirse progresivamente, hasta eliminarse en un plazo máximo de cuatro años, las subvenciones de explotación a las empresas del sector.

III. 9. Restaurar la unidad del mercado interior

36. La proliferación de regulaciones en el ámbito autonómico ha dado lugar, durante los últimos años, a la existencia de barreras crecientes a la libre circulación en el mercado interior español; unas barreras que se manifiestan en dificultades para la libre movilidad de los trabajadores y para la participación de las empresas en los diferentes mercados regionales. Singularmente, las barreras de carácter lingüístico se han tornado en un poderoso elemento de discriminación que dificulta la movilidad de las familias, impide el acceso de muchas personas a la función pública y obstaculiza la competencia por parte de las empresas ajenas a las regiones en las que se han erigido. Asimismo, muchos gobiernos autonómicos han establecido trabas regulatorias al acceso a los mercados públicos, en especial a la licitación en los contratos de suministros o de obras. Por ello, propugnamos la intervención del Estado para restablecer la unidad del mercado mediante la remisión a las Cortes Generales de leyes de armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en materia económica.

III. 10. Cambios regulatorios y competencia

37. El marco regulador de numerosas actividades de la economía española, especialmente en el sector de servicios, favorece la existencia de prácticas anticompetitivas entre las empresas y entre los profesionales, en detrimento de los intereses de los consumidores, que actúan como un freno para la eficiencia y, por tanto, para el desarrollo. Por ello, propugnamos una política de liberalización que de paso a una mayor competencia en los mercados. Una mención especial debe hacerse a este respecto acerca del comercio minorista que cuenta con amplísimas trabas a la competencia propiciadas por las regulaciones autonómicas; unas trabas que, singularmente, en materia de horarios comerciales y de libertad de instalación deben suprimirse.

38. Asimismo, deben realizarse las reformas necesarias para eliminar los numerosos obstáculos que aún subsisten para la creación y cierre de empresas; y también deben reducirse sustancialmente las de cargas administrativas establecidas sobre éstas.

39. Una mención especial debe hacerse, en este capítulo de la política económica, a los órganos reguladores y de supervisión de los mercados financieros, energéticos y de telecomunicaciones y de la competencia, pues sus deficiencias son notorias. Una mayor independencia de los órganos estatales correspondientes, reforzando su capacidad investigadora y sancionadora, y estableciendo reglas más estrictas para preservar la competencia entre las empresas que operan en esos mercados, así como los derechos e intereses de los usuarios de sus servicios, son las reformas más urgentes.

III.11. La política de I+D e innovación

40. El cambio en el modelo productivo, el aumento de la productividad y la mejora de la capacidad competitiva de las empresas requiere también una transformación del sistema nacional de innovación. Este sistema ha adquirido un notable desarrollo en las últimas décadas, especialmente en sus segmentos de investigación científica, pero se muestra desequilibrado en cuanto a las empresas innovadoras. La insuficiencia de estas últimas es el principal problema que presenta el sistema de innovación, por lo que un objetivo prioritario de la política de I+D+i ha de ser su reforzamiento. Ello requiere mejorar los programas de financiación pública de las actividades de investigación e innovación en las empresas, así como los incentivos fiscales a la I+D. También se requiere una política más activa y planificada a medio y largo plazo de las diferentes Administraciones Públicas para propiciar, por la vía de la competencia, los proyectos de innovación en las empresas a través de los grandes programas de compras e inversiones públicas.

41. Poner el énfasis en la empresa no significa olvidar el papel de las instituciones académicas en la creación y transmisión del conocimiento. La financiación pública de las actividades de investigación científica básica y aplicada en las Universidades y los Organismos de Investigación dependientes de las Administraciones Públicas, no sólo es necesaria, sino que debe ampliarse en el futuro. Esas Administraciones deben buscar los procedimientos de valoración de los grupos de investigación que les permitan proceder a su financiación, bajo criterios de excelencia, de una forma más eficaz que la actualmente vigente, que sólo se basa en la evaluación de proyectos. En particular, deben arbitrarse los procedimientos que permitan evitar el encastillamiento en los órganos de gestión de la política científica de determinadas elites o grupos académicos que acaban capturándolos para sus intereses. Asimismo, las distintas instituciones científicas, más allá de sus investigadores individualmente considerados, deben ser sometidas a un sistema permanente de evaluación del que dependa su continuidad o su supresión.

III. 12. Las políticas de equidad

42. La equidad en la distribución de la renta es también un requisito del desarrollo económico. Uno nivel adecuado de equidad no sólo contribuye a la estabilidad institucional y política, sino que también aumenta el tamaño del mercado, favoreciendo así el progreso técnico y el crecimiento. En España se dio un gran avance en la equidad desde el momento de la constitución del sistema democrático hasta mediada la década de los años noventa en el siglo anterior. Desde entonces, apenas se han dado pasos que se reflejen en los indicadores de equidad, de manera que la distribución de la renta apenas ha experimentado cambios y, como corolario, persisten casi inalterados los problemas de pobreza entre los españoles. Todo ello hace ineludible una nueva política de equidad.

43. Esa política, más allá de los cambios en la fiscalidad directa y en el sistema de pensiones que se han enunciado en los párrafos precedentes, debe asentarse sobre dos pilares fundamentales: por una parte, la lucha por la equiparación salarial entre los hombres y mujeres que acabe con la discriminación de éstas en el mercado de trabajo; por otra, por la atención a los problemas económicos de las familias dando prioridad, singularmente, a la infancia.

44. La discriminación salarial de las mujeres puede ser combatida a través de los cambios en el modelo de negociación colectiva; por medio también de un reforzamiento de las instituciones que favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar; y a través de la inspección de trabajo.

45. La protección económica de la familia requiere sobre todo la generalización a toda la población del subsidio familiar por hijos, así como su incremento hasta alcanzar, al menos, el nivel promedio de los países de la Unión Europea. Requiere, asimismo, una mejora de los derechos y prestaciones de las familias numerosas. Y también algunos cambios en la fiscalidad indirecta, mediante la aplicación del tipo más bajo del IVA a los productos y servicios específicamente destinados a la infancia y a las personas de la tercera edad.

46. España presenta una de las tasas de pobreza relativa más altas de Europa. La pobreza ha sido, además, muy persistente a lo largo del tiempo, de manera que su nivel apenas se ha modificado en las dos últimas décadas. Ello hace necesaria una mejora de las actuaciones políticas en esta materia. La pobreza se combate principalmente favoreciendo la participación de las personas desaventajadas en el mercado de trabajo, muy especialmente de las mujeres pertenecientes a los hogares con menos recursos. La pobreza se combate también prestando una especial atención a los grupos de inmigrantes que encuentran más dificultades para su inserción laboral o que no logran integrarse en la sociedad española. Y la pobreza se combate mejorando las cuantías de las prestaciones sociales no contributivas, acercándolas a la renta media del conjunto de los españoles, un aspecto éste que se ha desatendido durante los tres últimos lustros y que requiere indudablemente un aumento del gasto público en esta materia.

3 comentarios to “Resto de Ponencias”

  1. ponencias congreso said

    quiero que pase a mi correo.

  2. Juan Antonio Hernández Vaca said

    En relacion a la ponencia economica
    CAPITULO III
    Articulo III-8 El modelo energetico
    Añadiria un punto 35 Bis o seria el 36(segun convenga), con el siguiente comentario.
    Nacionalizar el Sistema Energetico, tanto en la producción, transporte, distribucion como comercializacion energetica, de esta manera y concretamente en el suministro electrico se conseguiria dos efectos esnciales, el abaratamiento del suministro y reducir la dependencia y control energetico dese otros paises.
    En el punto 32, incluiria desarrollar sistemas de produccion electrica a provechando la “biomasa”, muy abundante y diversa en nuestro pais.
    La actual biomasa en nuestro pais se está utilizando actualmente para contaminar el medio ambiente o para enterrarla en los vertederos de basuras o rellenos de asentamiento deedificios en obras.
    Yo añadiria un cuarto Capitulo, a esta Ponencia
    IV La proteccuion Ambiental, en la que se podria verter conceptos y soluciones que nacieran en su debate, peo a la que yo quiero hacer una propuesta inicial
    Lla proteccion Ambiental sera controlada y formara parte lde la politica generalizadora de proteccionambiental a desarrollar por el Estado.
    A tal efecto las Comunidades autonomas colaboraran con el gobierno del Estado para conseguir ese fin.
    Aquella comunidad autonoma que no colaborase, sera suplida en su gestion por las autoridades del Estado pasandole o desvontandole de las asignaciones que correspondan por los gasto realizados a tal efecto
    Se llevara a cabo una politica de desbroce, eliminacion de matorral y limpieza mediante actividad anual, para tener los montes siempre apunto para reducir la propagacion de incendios sobre todo en temporada de verano.
    Desarrollo e instalacion de depuradoras, tanto en el interior para descontaminar los rios como en las costas, para mejorar la calidad de las aguas del mar.

  3. Juan Antonio Hernández Vaca said

    Ruego se me disculpe la no correccion ortografica, por precipitacion en el envio de mi propuesta, pero espero se entienda.

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